Xalapa, Ver.— Con mayoría calificada, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que busca alinear la legislación estatal con la política federal de austeridad republicana y combate a privilegios, incorporando además nuevas disposiciones sobre paridad de género, límites presupuestales y regulación de percepciones económicas de funcionarios electorales.
Durante la sesión del Pleno de la LXVII Legislatura, el dictamen impulsado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales obtuvo 36 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, consolidando cambios que impactarán tanto al Poder Legislativo como a los ayuntamientos y organismos electorales de la entidad.
Entre los puntos más relevantes destaca que el presupuesto anual del Congreso local no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado, medida con la que se pretende contener el gasto público y fortalecer la política de austeridad.
La reforma también incorpora de manera formal los principios de paridad de género y perspectiva de género en las estructuras legislativas y municipales.
En ese sentido, se establece que los ayuntamientos estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta un máximo de quince regidurías, respetando criterios de paridad vertical y horizontal.
Otro de los cambios aprobados regula las percepciones salariales de consejeros y magistrados electorales, así como de directivos del Organismo Público Local Electoral y del Tribunal Electoral de Veracruz, quienes deberán ajustarse al tope constitucional federal establecido en el artículo 127.
Asimismo, el nuevo marco constitucional prohíbe que recursos públicos sean utilizados para financiar seguros de vida privados, gastos médicos mayores, cajas de ahorro especiales o esquemas de retiro considerados privilegiados. Los recursos economizados, según el dictamen, serán canalizados a infraestructura social y fortalecimiento de la hacienda pública estatal.
La reforma deriva de la iniciativa presentada el pasado 7 de mayo por las diputadas Naomi Edith Gómez Santos y Dorheny García Cayetano, con el argumento de armonizar la Constitución veracruzana con las modificaciones federales impulsadas por el llamado “Plan B”.
Durante el debate legislativo, el diputado de Morena Diego Castañeda Aburto sostuvo que las reformas fortalecen la rendición de cuentas, cierran espacios a privilegios y consolidan mecanismos de igualdad sustantiva y transparencia institucional.
En respaldo al dictamen, el legislador del PVEM Carlos Marcelo Ruiz Sánchez afirmó que la medida responde a la exigencia ciudadana de contar con instituciones más austeras y funcionales, donde el recurso público tenga una finalidad social.
La postura opositora fue expresada por la diputada panista Indira de Jesús Rosales San Román, quien votó en contra argumentando que la reforma deja fuera temas prioritarios como el combate al financiamiento ilícito en campañas, la protección de candidatos y el voto de veracruzanos residentes en el extranjero.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano Adrián Sigfrido Ávila Estrada respaldó la modificación constitucional y aseguró que Veracruz debía avanzar en sincronía con los cambios federales en materia de austeridad, paridad y organización institucional.
Tras su aprobación, la Mesa Directiva ordenó remitir el decreto a la titular del Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Redacción Reportaje Veracruzano
