SIMVE lleva conflicto de la SEV hasta el ORFIS; acusan presunto abuso de poder, presión sindical y manejo irregular de recursos
Xalapa, Veracruz.– La tensión dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz volvió a escalar. El secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), Gerardo Velásquez Maravert, presentó una denuncia formal ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz contra diversos funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz por presuntas irregularidades administrativas, abuso de funciones, posible utilización indebida de recursos públicos y actos que, según los denunciantes, podrían constituir presión institucional y afectaciones laborales contra trabajadores sindicalizados.
Acompañado por empleados del Programa Vasconcelos y de distintas áreas de la SEV, el dirigente sindical sostuvo que la denuncia busca abrir una revisión profunda sobre el manejo interno de recursos humanos, nómina, plazas y decisiones administrativas que, presuntamente, habrían derivado en despidos, desplazamientos y hostigamiento contra personal con décadas de servicio.
Entre los nombres señalados para ser investigados aparecen la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa; Juan Darío Lemarroy Martínez, identificado públicamente como coordinador o jefe de asesores; así como directivos y funcionarios de áreas estratégicas como Recursos Humanos, la Dirección Jurídica, la Dirección de Actividades Artísticas y el Programa Vasconcelos.
La denuncia expone un entramado que, de acuerdo con el SIMVE, podría involucrar presuntas prácticas de favoritismo, asignación irregular de plazas, utilización discrecional de estructuras administrativas y posibles redes de beneficio interno dentro de la dependencia educativa más grande del estado.
Uno de los ejes centrales del documento entregado al ORFIS gira en torno a los presuntos despidos injustificados de trabajadores con más de 20 años de servicio, quienes habrían sido removidos de sus funciones sin procedimientos legales claros ni garantías de audiencia. Según lo expuesto, algunos empleados fueron separados de sus áreas de trabajo y puestos “a disposición” sin resoluciones debidamente fundamentadas.
El sindicato también denunció posibles actos de violencia institucional y prácticas antisindicales. De acuerdo con el escrito, áreas administrativas y jurídicas de la SEV habrían sido utilizadas para ejercer presión contra representantes sindicales y trabajadores inconformes, trasladando conflictos laborales hacia terrenos legales y penales.
Uno de los puntos más delicados del caso es la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz contra el propio líder sindical, derivada de manifestaciones realizadas en defensa de trabajadores del Programa Vasconcelos. Velásquez Maravert afirmó que existe preocupación por el posible uso de recursos públicos e infraestructura institucional para impulsar acciones de intimidación y desgaste contra quienes han denunciado presuntas anomalías dentro del sistema educativo estatal.
Dentro de los testimonios integrados al expediente destacan los casos de trabajadoras que aseguran haber sufrido hostigamiento laboral, desplazamientos arbitrarios y presiones administrativas. Una empleada adscrita a la Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares denunció haber sido presionada para firmar documentos sin conocer su contenido y posteriormente informada verbalmente sobre la terminación de su relación laboral, sin procedimiento formal previo.
La situación, según su testimonio, no sólo afectó su estabilidad económica, sino también su acceso a servicios médicos, debido a una enfermedad pulmonar crónica que requiere atención constante y a la dependencia económica de su hijo menor de edad.
Otro de los casos expuestos corresponde a una trabajadora de la Dirección de Actividades Artísticas, quien previamente había presentado quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz por presuntos actos de violencia laboral y abuso de autoridad. Según la denuncia, lejos de investigarse a fondo los señalamientos, la trabajadora habría sido removida de sus funciones mientras continuaba laborando el servidor público acusado.
Además del tema laboral, el SIMVE pidió al ORFIS revisar posibles irregularidades relacionadas con plazas, nóminas y vínculos familiares dentro de la SEV para descartar presuntos actos de nepotismo, conflicto de interés y manejo discrecional de recursos públicos.
La denuncia también coloca bajo la lupa la figura de Juan Darío Lemarroy Martínez, debido a que, según lo planteado, el cargo de “coordinador o jefe de asesores” no estaría expresamente contemplado dentro del Reglamento Interior vigente de la SEV, situación que —de confirmarse— podría abrir cuestionamientos sobre la legalidad de decisiones institucionales tomadas desde esa posición.
Otro elemento que añade presión al caso es el señalamiento realizado por la propia secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa, quien reconoció públicamente ante el Congreso del Estado que presuntamente existió falsificación de su firma en documentación oficial, hecho que el SIMVE considera de enorme gravedad institucional y que ahora busca ser incorporado dentro de las líneas de investigación.
El dirigente sindical insistió en que la denuncia no representa una sentencia ni una imputación definitiva de delitos, sino una solicitud formal para que las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia investiguen posibles responsabilidades administrativas y legales.
“Quienes creen que el ejercicio del poder público permite actuar al margen de la legalidad están equivocados. Ningún servidor público está por encima de la ley”, sostuvo Velásquez Maravert, al afirmar que el sindicato continuará utilizando las vías legales para exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos laborales dentro del sistema educativo veracruzano.
Redacción Reportaje Veracruzano
