UPAV: salen trabajadores por contrato y denuncian ingreso de personal ligado a SEFIPLAN
Xalapa, Ver.- Trabajadores que durante meses —y en algunos casos durante años— prestaron sus servicios bajo contratos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) denuncian que fueron desplazados bajo el argumento de que sus contratos ya no serían renovados, pese a que, aseguran, continuaban desempeñando sus funciones con normalidad.
La inconformidad crece porque, de acuerdo con los testimonios recabados, mientras a quienes ya laboraban en la institución se les comunicó que quedarían fuera, paralelamente comenzaron a incorporarse personas provenientes de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
Los denunciantes sostienen que entre los nuevos ingresos existen trabajadores originarios de Puebla, estado de procedencia del titular de SEFIPLAN, Miguel Santiago Reyes Hernández. Este señalamiento, sin embargo, deberá ser acreditado mediante los expedientes de contratación, nombramientos y movimientos de personal correspondientes.
El conflicto adquiere una dimensión adicional porque los trabajadores afirman que la salida de personal contratado ocurrió pese a que la gobernadora Rocío Nahle había manifestado públicamente que se mantendría a trabajadores en sus puestos, una postura que ahora es cuestionada por quienes aseguran haber quedado fuera de la estructura de la UPAV.
Jornadas extendidas y sin prestaciones
Los afectados también denuncian condiciones laborales que consideran contradictorias con la decisión de prescindir de ellos.
Según sus testimonios, durante el tiempo que permanecieron en la institución se les habría exigido trabajar más allá de su horario habitual, con jornadas que en ocasiones se prolongaban hasta las 10 de la noche.
También señalan que fueron requeridos para acudir los sábados, aun cuando ese día correspondía a su descanso.
La paradoja que plantean los trabajadores es directa: mientras se les exigía disponibilidad prácticamente permanente para sacar adelante las tareas de la universidad, ahora se les comunica que sus servicios ya no son necesarios.
A esto se suma otro reclamo: los trabajadores contratados aseguran que no recibieron prestaciones laborales completas y que algunos ni siquiera fueron incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
¿Reestructuración o sustitución?
El punto que genera mayor suspicacia entre los afectados es que la reducción de personal contratado coincidiría con la llegada de nuevos trabajadores.
Los denunciantes sostienen que algunas de esas personas estarían vinculadas previamente con SEFIPLAN y que, a diferencia de quienes fueron desplazados, llegarían con condiciones laborales más favorables e incluso con plazas ya asignadas.
De comprobarse documentalmente, el caso abriría una pregunta que la UPAV y las autoridades responsables tendrían que responder con absoluta claridad: ¿se trata realmente de una reestructuración administrativa o de un proceso de sustitución de trabajadores?
La diferencia no es menor.
Una reestructuración debería explicar cuáles fueron los criterios técnicos, presupuestales y administrativos utilizados para determinar qué puestos desaparecen, cuáles permanecen y bajo qué condiciones se incorpora nuevo personal.
Pero si trabajadores con experiencia son separados mientras otros ocupan sus espacios, sería indispensable conocer los criterios utilizados para esas nuevas contrataciones.
La nómina puede tener la respuesta
Los señalamientos podrían aclararse mediante documentos oficiales: contratos anteriores y actuales, movimientos de personal, altas y bajas ante el IMSS, nombramientos, plazas autorizadas, nóminas y organigramas de la UPAV.
Ahí podría encontrarse la respuesta a una de las principales interrogantes planteadas por los trabajadores: si realmente hubo una reducción de personal o si, por el contrario, se produjo un relevo de trabajadores bajo nuevas condiciones y con nuevos perfiles.
Hasta ahora, los señalamientos corresponden a los trabajadores inconformes y requieren ser contrastados con información oficial de la UPAV, SEFIPLAN y las autoridades laborales.
Lo que sí queda sobre la mesa es un conflicto que amenaza con convertirse en algo más que una disputa por contratos: trabajadores que aseguran haber cumplido jornadas extendidas y haber laborado sin prestaciones completas denuncian que fueron dejados fuera, mientras observan la llegada de nuevo personal a la institución.
La pregunta queda abierta y corresponde a las autoridades responderla con documentos, no solamente con discursos: ¿quiénes fueron despedidos, quiénes llegaron después, bajo qué modalidad fueron contratados y quién autorizó cada movimiento?
Redacción Reportaje Veracruzano
