Veracruz bajo asedio: la extorsión estrangula al sector empresarial mientras las autoridades permanecen impasibles
En el corazón de Veracruz, una sombra ominosa se cierne sobre el tejido empresarial. La extorsión, disfrazada bajo el eufemismo de «cobro de piso», ha evolucionado de ser una amenaza latente a una realidad asfixiante que obliga a comerciantes y empresarios a tomar decisiones drásticas para salvaguardar sus vidas y patrimonios.
El reciente ataque al bar «Jalisquito» en Minatitlán, donde dos presuntos delincuentes perdieron la vida el pasado 21 de marzo, ha desatado una ola de pánico entre los negocios locales. Establecimientos como «Hot Bulls» han optado por cerrar sus puertas al público, limitándose únicamente a servicios a domicilio, mientras que la panadería «Ariadna» ha reducido su horario de atención, todo ello en respuesta a la creciente inseguridad que azota la región.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha alzado la voz ante esta crisis. Juan Carlos Díaz Morante, presidente de Coparmex-Xalapa, reveló que el 54% de los empresarios en Veracruz han sido víctimas de extorsiones. Municipios como Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos se erigen como epicentros de esta problemática, donde el miedo y la incertidumbre han llevado a muchos a cerrar sus negocios o, en el peor de los casos, a abandonar la entidad en busca de seguridad.
La respuesta gubernamental ha sido, en el mejor de los casos, tibia. La gobernadora Rocío Nahle García ha propuesto incrementar las penas por el delito de extorsión tras los violentos acontecimientos en Minatitlán. Sin embargo, estas iniciativas legislativas parecen insuficientes ante la magnitud del problema y la impunidad con la que operan los grupos delictivos.
La situación se agrava con denuncias de «terrorismo fiscal» por parte de las autoridades municipales. Comerciantes de Minatitlán han expresado su descontento ante los cobros excesivos y arbitrarios impuestos por el ayuntamiento, lo que ha llevado a la colocación de lonas en sus negocios advirtiendo sobre posibles cierres masivos. Esta doble presión, tanto del crimen organizado como de las propias autoridades, coloca a los empresarios en una encrucijada insostenible.
Es imperativo que las autoridades, en todos los niveles de gobierno, reconozcan la gravedad de la situación y actúen con determinación y eficacia. La economía de Veracruz, y más aún, la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, penden de un hilo. La inacción y la indiferencia no son opciones cuando el tejido social y económico está al borde del colapso.
INFORMACIÓN EXTRAOFICIAL DE COBRO DE PISO
El cobro de derecho de piso no es un rumor ni una exageración. Es una realidad brutal que asfixia a Tuxpan, Cazones, Poza Rica y Tihuatlán. Pero lo que pocos se atreven a decir es que detrás de esta impunidad hay presuntas complicidades en los más altos niveles.
Mientras la administración de Rocío Nahle presume estabilidad y progreso, en las calles la historia es otra: comercios obligados a pagar cuotas, empresarios aterrorizados y taxistas sometidos a un régimen de terror. Quienes se niegan a pagar son marcados, perseguidos o desaparecidos. Es un secreto a voces que nadie denuncia por miedo a represalias.
Las cifras oficiales maquillan la verdad, pero basta con revisar las bitácoras del C4 y las mesas de seguridad para constatar la magnitud del problema. Amenazas, levantones, ejecuciones y cierres de negocios por extorsión son el pan de cada día. Tuxpan, Cazones, Poza Rica y Tihuatlán se han convertido en zonas de nadie, donde la impunidad es la única ley vigente.
La pregunta es clara: ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos comercios más deben cerrar? ¿Cuántas vidas más deben ser marcadas por la violencia?.
Redacción Reportaje Veracruzano
