Huatusco arde: Delegado de Transporte Público señalado por red de corrupción descarada

Huatusco, Ver.– La podredumbre en el Transporte Público de Veracruz tiene nombre y apellido: Eduardo Alberto Pérez Malpica, delegado en Huatusco, quien hoy enfrenta denuncias por presunta corrupción y abuso de autoridad tan burdos que indignan a cualquier ciudadano con un mínimo de dignidad.
Según transportistas inconformes, Pérez Malpica cobra entre 4,000 y 6,000 pesos a taxis pirata, a cambio de entregar documentos chuecos con folios inexistentes y fe de erratas que solo sirven para maquillar la ilegalidad. En pocas palabras: se está vendiendo impunidad al mejor postor, mientras las calles de Huatusco se llenan de unidades sin placas que circulan con total descaro.

El silencio cómplice de los líderes taxistas
Los verdaderos concesionarios –esos que cumplen con la ley– denuncian que el delegado opera bajo la sombra de una complacencia aberrante de algunos líderes del gremio, quienes prefieren callar, aunque eso signifique clavar el puñal en la espalda de sus propios compañeros.
El mensaje es claro: quien paga, circula. Quien no, que se atenga a las represalias de un delegado que ha convertido la función pública en caja registradora personal.

Exigencia ciudadana: basta de impunidad
Hoy, la exigencia va directo a los escritorios de quienes tienen la obligación de limpiar este lodazal:
- Norma Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz: la corrupción de su administración ya no se puede ocultar bajo la alfombra.
- Alfonso Reyes Garcés, secretario de Seguridad Pública: la podredumbre en Transporte Público también es su responsabilidad.
- Luis Manuel Galicia Castañón, director de Transporte Público: ¿seguirá mirando hacia otro lado mientras sus delegados saquean y prostituyen la legalidad?
Huatusco no puede seguir siendo tierra de piratas
Los ciudadanos y transportistas claman por una investigación a fondo y sanciones ejemplares contra Pérez Malpica. No se trata de un simple abuso, se trata de una traición al Estado de Derecho que convierte el transporte público en un negocio oscuro y peligroso.

La pregunta que indigna
¿Cuántas muertes o accidentes se necesitan para que las autoridades despierten y entiendan que un taxi sin control ni regulación es también una bomba de tiempo para los usuarios?

El pueblo de Huatusco no pide favores, exige justicia, legalidad y transparencia. La gobernadora y sus funcionarios ya no tienen margen: o limpian la cloaca de Transporte Público o se convierten en cómplices de un delegado que, a ojos de todos, ya perdió la vergüenza y el respeto por la ley.


Por Marco Antonio Palmero Alpirez
Reportaje Veracruzano