SILENCIO OFICIAL Y REDES DE PODER: DESAPARICIÓN DE FUNCIONARIO EN ORIZABA DESTAPA UNA INVESTIGACIÓN RODEADA DE OPACIDAD
Orizaba, Ver.– Cuando un funcionario municipal desaparece y la respuesta oficial se limita al silencio, la sospecha deja de ser especulación para convertirse en exigencia pública. Así ocurre en el caso de Juan Iván Pérez Romero, administrador del recinto Casa Vegas y trabajador del Ayuntamiento, cuya ausencia —desde el pasado 2 de abril— sigue envuelta en un preocupante vacío informativo.
El alcalde Hugo Chahín Kuri optó por una postura que, lejos de calmar inquietudes, las intensifica: “Hay una investigación en proceso, no te puedo decir más; dejemos trabajar a las personas que deben de trabajar en esto”, declaró escuetamente al ser cuestionado. Una frase que, en contextos de violencia y desapariciones, suele funcionar más como muro que como garantía.
Mientras tanto, la incertidumbre crece. De manera extraoficial, se sabe que Pérez Romero fue visto por última vez al salir de Casa Vegas. Desde entonces, ni rastro. Más inquietante aún es la versión —no confirmada— de que su cuerpo habría sido localizado en un inmueble en Pachuca, Hidalgo. Una línea que, de ser cierta, trasladaría el caso a un escenario interestatal y obligaría a replantear la dimensión del crimen.
Fuentes ministeriales apuntan a que existe coordinación entre fiscalías, y que la carpeta de investigación se mantiene abierta bajo la presunción de homicidio. Sin embargo, la falta de información oficial concreta alimenta un terreno fértil para la desconfianza.
El nombre de Pérez Romero no es menor en la estructura local. Su cercanía con el exalcalde Juan Manuel Diez Francos añade una capa política al caso, elevando la presión sobre un Ayuntamiento que hoy enfrenta más preguntas que respuestas.
¿Por qué el hermetismo? ¿A quién protege el silencio? ¿Qué se está investigando realmente y bajo qué líneas? En un estado marcado por la violencia y las desapariciones, cada minuto sin claridad erosiona la credibilidad institucional.
La desaparición de un funcionario no puede tratarse como un expediente más. No cuando el contexto exige transparencia, ni cuando la ciudadanía ha aprendido —a golpes— que el silencio también puede ser cómplice.
Hoy, Orizaba no solo espera resultados. Exige verdad.
Redacción Reportaje Veracruzano
