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Petróleo en el agua, peces muertos y silencio oficial: señalan a Constellation Brands por presunta contaminación criminal en Veracruz

Habitantes de Vargas acusan vertidos de chapopote en el arroyo Paso Lugo mientras crece la sospecha de impunidad ambiental alrededor de la megacervecera

Veracruz, Ver.— Lo que durante meses parecía una tragedia ambiental inexplicable en la ribera de Vargas, finalmente habría encontrado un presunto responsable. Y el señalamiento apunta hacia una de las empresas más poderosas instaladas en Veracruz: Constellation Brands.

Habitantes de la comunidad denunciaron que una pipa utilizada en trabajos al interior de la planta cervecera habría sido descubierta vertiendo residuos de chapopote directamente al arroyo Paso Lugo —también conocido como Paso Derecho— provocando contaminación del agua, mortandad de peces y temor sanitario entre familias de la región.

La acusación no es menor.

Porque ocurre en medio de la creciente crisis ambiental que golpea al Golfo de México y porque el afluente afectado atraviesa comunidades de Vargas, colindantes con La Antigua y Paso de Ovejas, donde cientos de personas dependen históricamente de esa agua para actividades domésticas y de subsistencia.

Según relatan pobladores, fueron ellos mismos quienes detectaron movimientos sospechosos de una pipa con razón social TYP, presuntamente contratista de Constellation Brands, la cual habría descargado residuos derivados de trabajos de asfaltado directamente en el arroyo.

El hallazgo habría ocurrido luego de meses de observar peces flotando muertos, olores extraños y cambios visibles en el agua.

Y lo más delicado: los habitantes aseguran que tras denunciar los hechos ante la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), las autoridades tomaron muestras… pero hasta ahora no existe información pública sobre sanciones, clausuras o procedimientos contundentes contra la empresa o su contratista.

La pregunta empieza a crecer entre los pobladores: ¿quién protege a quién?

Porque la contaminación denunciada no sería nueva.
Habitantes sostienen que desde enero de 2025 y nuevamente en abril de 2026 se registraron episodios masivos de mortandad de peces en la misma zona, acumulando —según estimaciones comunitarias— más de 25 toneladas de especies muertas sin que exista hasta hoy una sanción visible por parte de las autoridades ambientales.

La indignación escaló todavía más cuando vecinos comenzaron a detectar un fuerte olor a petróleo crudo en cisternas, aljibes y tomas domiciliarias de agua.
El miedo ya no es únicamente ecológico.
Ahora es sanitario.

Familias enteras comenzaron a recolectar muestras de agua para integrarlas en un expediente ciudadano que pretenden entregar directamente a la gobernadora Rocío Nahle García y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.
La intención es exigir una investigación federal profunda y acciones penales contra quienes resulten responsables.

Mientras tanto, versiones de los propios habitantes señalan que representantes de Constellation Brands habrían intentado contener el malestar social ofreciendo tinacos con filtros de agua a algunas familias.

Pero lejos de calmar los ánimos, el gesto detonó más sospechas.

Porque para muchos vecinos, ofrecer filtros equivale a reconocer indirectamente que el agua sí presenta un problema.

Hasta ahora, ni la empresa ni las autoridades han explicado públicamente por qué continúan apareciendo peces muertos ni por qué persisten los olores a hidrocarburo en la zona.

Y en medio del silencio institucional, emerge un escenario explosivo: una megaplanta industrial señalada por contaminación, comunidades denunciando agua presuntamente alterada y autoridades ambientales observando sin mostrar consecuencias visibles.

El tema adquiere además una dimensión aún más sensible debido al destino final del agua.
Pobladores advierten con preocupación que de ese mismo entorno hídrico podrían abastecerse procesos industriales vinculados a la producción cervecera destinada tanto al mercado nacional como al de Estados Unidos.

Eso transforma el caso de Vargas en algo mucho más grande que una denuncia local.
Lo convierte en un posible escándalo ambiental, sanitario y político de alcance internacional.

Porque cuando un arroyo comienza a oler a petróleo, los peces aparecen muertos y las instituciones guardan silencio, lo que empieza a contaminarse no es sólo el agua.

También es la confianza pública.

Redacción Reportaje Veracruzano

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