Más de un año desaparecido: el exalcalde de Pánuco señalado por hostigar periodistas se fotografía con la fanática de Maduro mientras Miguel Ángel Anaya sigue sin aparecer
Xalapa / Pánuco, Veracruz. — Óscar Guzmán de Paz, actual director general de Telebachillerato del Estado de Veracruz y exalcalde municipal de Pánuco, el mismo funcionario señalado por hostigar y amenazar a quien documentaba sus corruptelas, acaba de reaparecer en redes con sonrisa institucional. Informó que sostuvo una “reunión de trabajo” con el subsecretario David Agustín Jiménez Rojas y saludó a la secretaria de Educación Raquel Bonilla. Bajo el liderazgo de la gobernadora Rocío Nahle, dijo, el Telebachillerato se suma a las estrategias de “educación de excelencia”.
Excelencia. La palabra suena obscena cuando el periodista Miguel Ángel Anaya Castillo (también referido como Miguel Ángel Amaya), director de Pánuco Online, lleva más de un año desaparecido. Desde el 13 de abril de 2025. Semanas antes había recibido amenazas documentadas por Artículo 19. Había cubierto la protesta ciudadana contra el relleno sanitario. Después de esa cobertura, al menos tres individuos se presentaron en su domicilio con un mensaje que, según las denuncias, venía “del presidente municipal”. Su página digital fue vaciada. Su familia no tiene noticias. Las autoridades de Veracruz no tienen respuestas. Hoy, 12 de agosto de 2026, el silencio sigue siendo total.
Guzmán de Paz ya no es el alcalde en funciones, pero el peso de las acusaciones no se borró con el cambio de cargo. Ahora aparece en fotos de trabajo conjunto con la SEV. El mismo personaje local que, según las versiones que circulan en Pánuco, tenía un pleito abierto con el periodista que publicaba notas contra el Ayuntamiento. El mismo que ahora se presenta como aliado de la secretaria de Educación para “fortalecer la institución”. ¿Fortalecer qué exactamente? ¿La capacidad del poder local —pasado y presente— para hacer desaparecer a quienes molestan y luego lavarse la cara, dieciséis meses después, con reuniones educativas?
Raquel Bonilla no es un nombre menor en esta escena. La misma funcionaria que Nahle colocó al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz —sin cédula profesional terminada, según las críticas que ya circulan— es la misma que, siendo diputada y luego senadora, presumió su cercanía con Nicolás Maduro. Publicó solidaridad con el “gobierno constitucional” del hombre procesado en Estados Unidos por narcoterrorismo y tráfico de cocaína. Habló en nombre de “México y su pueblo de Poza Rica” sin que nadie en Poza Rica la hubiera autorizado. Ahora tiene en sus manos la formación de cientos de miles de estudiantes veracruzanos. Y se sienta a la mesa con el exalcalde de Pánuco mientras el periodista que documentaba las corruptelas de ese municipio lleva más de un año sin aparecer.
La pregunta no es retórica. Es visceral: ¿qué tipo de mensaje envía la Secretaría de Educación cuando recibe con normalidad institucional a un exfuncionario municipal sobre el que pesan acusaciones de hostigamiento a la prensa y posible vinculación con una desaparición forzada de periodista que ya supera los dieciséis meses? ¿Qué valores se transmiten cuando la titular de la SEV es una política cuya principal carta de presentación ideológica es la defensa pública de un régimen señalado por censura, éxodo y autoritarismo?
Nahle entregó la educación de Veracruz a quien exhibió lealtad ciega a Maduro. Guzmán de Paz, desde Telebachillerato y desde su pasado como alcalde de Pánuco, usa el lenguaje de “trabajo conjunto” y “educación de excelencia” mientras el caso de Miguel Ángel Anaya se diluye en el silencio administrativo de más de un año. La página del periodista fue borrada. Las amenazas previas están documentadas. La indiferencia de las autoridades es un hecho acumulado, no un olvido momentáneo.
No es una coincidencia fotográfica. Es un patrón. El poder local que intimida, el poder estatal que nombra por lealtad ideológica, y el periodista que desaparece. Mientras Guzmán de Paz y Raquel Bonilla posan para la continuidad institucional en agosto de 2026, la pregunta que debería estremecer a cualquier redacción, a cualquier aula y a cualquier autoridad con un mínimo de vergüenza sigue sin respuesta: ¿dónde está Miguel Ángel Anaya Castillo desde el 13 de abril de 2025?
La libertad de expresión no se defiende con comunicados de “reunión de trabajo”. Se defiende exigiendo que el presunto hostigador —aunque ya no ocupe la silla municipal— no sea recibido como aliado educativo y que la fanática de un dictador procesado no dirija la formación de los jóvenes veracruzanos. Todo lo demás es maquillaje. Y el maquillaje, en estos casos, suele servir para ocultar sangre que ya lleva demasiado tiempo secándose en la impunidad.
