¿Municipio de miseria, nómina de privilegio? La tesorera de Puente Nacional gana más que el Cabildo mientras el pueblo se ahoga en carencias
En Puente Nacional, Veracruz, el dinero público parece tener dos rostros. Uno es el de las comunidades que sobreviven a base de reclamos y promesas incumplidas. El otro, el de una nómina municipal que otorga a la tesorera Daniela Dafne Anaya Ruiz una percepción de 32 mil 600 pesos quincenales: más que el síndico, más que la regidora única, más que casi cualquiera que tenga que responder ante el pueblo.
La cifra no es un rumor de pasillo. Es el dato que trabajadores del campo y madres de familia han comenzado a señalar con rabia contenida. Mientras ellos enfrentan jornadas precarias y servicios deficientes, la responsable de administrar los recursos del ayuntamiento cobra una cantidad que, según los mismos vecinos, supera los aproximadamente 23 mil pesos atribuidos a integrantes del Cabildo. La pregunta no es decorosa. Es directa y corrosiva: ¿quién autorizó que la tesorera gane más que quienes por ley deben vigilar el gasto?
La alcaldesa Bibiana Báez aún no ha ofrecido una explicación pública clara sobre los criterios que fijaron esas percepciones. El vacío de respuesta se agrava con el antecedente de opacidad: en los portales de transparencia, el sueldo de la propia presidenta municipal aparece declarado en ceros. Ceros. Como si el cargo no tuviera remuneración o como si la información se hubiera esfumado por conveniencia.
Los ciudadanos no cuestionan que un funcionario cobre por su trabajo. Cuestionan la proporcionalidad, la lógica y, sobre todo, la desfachatez. En un municipio donde “nunca hay dinero para nada” —como repiten quienes padecen la falta de obras, de apoyo al campo y de servicios básicos—, resulta insultante que la estructura administrativa se reserve salarios de privilegio. La nómina no es un detalle técnico. Es el termómetro de las prioridades reales del gobierno.
¿Qué justifica que la tesorera cobre por encima de los miembros del Cabildo? ¿Quién firmó esa diferencia salarial? ¿Con qué argumento se sostiene mientras las comunidades puenteñas siguen esperando lo mínimo? La transparencia no es un favor que se concede cuando conviene. Es una obligación. Y mientras no se rinda cuentas con claridad, la sospecha de favoritismo y de uso discrecional del dinero público seguirá creciendo.
Puente Nacional no es un municipio rico. Sus habitantes lo saben porque lo viven. Lo que no aceptan es que la pobreza del pueblo se convierta en el pretexto perfecto para blindar sueldos elevados en las oficinas del poder. La ciudadanía exige respuesta. Y la exige ahora.
Redacción Reportaje Veracruzano
